Los puntos flacos del nuevo Impuesto de Sociedades

Según la encuesta del Consenso Fiscal elaborada por PwC Tax and Legal Services, el 60% de los directivos y expertos en fiscalidad de las principales empresas nacionales e internacionales están en contra de la reforma del Impuesto de Sociedades aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre, ya que consideran que afectará negativamente a la competitividad de las empresas y al crecimiento económico.

Además, el 42% de los encuestados cree que con dicha reforma no se alcanzarán los objetivos recaudatorios previstos y el 72% se muestra contrario a la aprobación de medidas tributarias con efectos retroactivos para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Más impuestos en 2017

Del estudio también se desprende que el 78% de los directivos están convencidos de que el nivel de carga fiscal en España aumentará durante 2017, especialmente, para las empresas. Aumenta así en 15 puntos el porcentaje de expertos que piensan que la presión impositiva de las empresas será mayor después de la reforma. También se produce un claro posicionamiento de los directivos que están a favor de incrementar la proporción de los ingresos procedentes de la fiscalidad indirecta respecto a los de la directa.

Por otro lado, el 58% de los encuestados considera que el nuevo sistema tributario será desfavorable para la inversión empresarial y el 60% de ellos afirma que la reforma no contribuirá a favorecer la internacionalización de las empresas españolas.

Inseguridad jurídica y fraude fiscal

Otra de las conclusiones de la encuesta es que los panelistas creen mayoritariamente que la inseguridad jurídica del sistema tributario español aumentará durante 2017 y que el fraude fiscal se mantendrá en niveles elevados o, incluso, se incrementará.

Respecto a la Seguridad Social, más de la mitad de los expertos valoran positivamente la propuesta de la OCDE de reducir las cotizaciones sociales a cambio de subir los impuestos indirectos. Sin embargo, las opiniones están divididas acerca de la posibilidad de que determinadas pensiones no contributivas se financien a través de los impuestos.

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